Mientras el Gobierno Municipal de Tequisquiapan presenta como un logro la recuperación de la categoría de Espacios Verdes y Abiertos para un predio ubicado en el barrio de San Juan, nuevas interrogantes comienzan a surgir alrededor de un asunto que, lejos de quedar cerrado con una votación de Cabildo, todavía requiere explicaciones claras para la ciudadanía.
El presidente municipal Héctor Magaña Rentería aseguró que la decisión representa una defensa del agua, los árboles, el suelo y el futuro de Tequisquiapan. El mensaje oficial es contundente: la actual administración habría corregido una determinación tomada en septiembre de 2024 que permitía modificar el destino de un terreno ubicado cerca del río y señalado como una importante zona de recarga hídrica.
Pero hay una pregunta inevitable: ¿la historia termina realmente ahí?
En medio de la celebración gubernamental han comenzado a circular fotografías de reuniones sostenidas durante este proceso, incluyendo imágenes que han sido relacionadas públicamente con personas vinculadas al predio.
Las fotografías, por sí mismas, no demuestran la existencia de un acuerdo irregular ni permiten conocer qué se discutió en esos encuentros. Sin embargo, ante la contundencia del discurso oficial, sí abren la puerta a una pregunta legítima: ¿qué se habló en esas reuniones y qué compromisos, si alguno, fueron puestos sobre la mesa?
Si todo quedó resuelto, ¿por qué no transparentar todo el proceso?
El Ayuntamiento sostiene que desde el comienzo de la administración se analizaron alternativas jurídicas, se escuchó a las diferentes partes y finalmente se consiguió regresar el terreno a su anterior categoría.
Precisamente por ello resulta necesario que la autoridad haga públicos los elementos que permitan saber qué tan definitiva es la protección anunciada.
No basta con decir que se votó “a favor del futuro de Tequisquiapan”. La ciudadanía merece conocer el dictamen completo, los antecedentes jurídicos del terreno, los alcances legales de la resolución, las reuniones celebradas durante las negociaciones y, principalmente, si existe algún mecanismo mediante el cual el uso de suelo pueda volver a modificarse posteriormente.
Esta última interrogante adquiere relevancia porque alrededor del caso han surgido versiones no confirmadas que señalan que el proyecto únicamente habría sido aplazado hasta después de que concluya la actual administración municipal.
Hasta ahora, esas versiones deben tratarse como lo que son: rumores que requieren comprobación y no hechos acreditados.
Pero justamente por eso corresponde al gobierno despejarlos.
¿Protección permanente o solamente durante este gobierno?
Si verdaderamente se trata de una decisión histórica para proteger una zona de recarga hídrica, la administración municipal tiene una oportunidad sencilla para acabar con cualquier sospecha: demostrar jurídicamente que la protección no depende de quién ocupe la Presidencia Municipal.
Porque el patrimonio ambiental de Tequisquiapan no debería estar protegido únicamente durante tres años ni quedar sujeto a negociaciones políticas, empresariales o administrativas.
También sería pertinente conocer quiénes participaron en las reuniones previas a la resolución, cuál fue el propósito de cada encuentro y cuáles fueron las propuestas presentadas por los particulares involucrados.
No se trata de condenar una reunión por una fotografía. Los gobiernos tienen que dialogar incluso con quienes mantienen intereses contrapuestos. Lo cuestionable sería que existieran acuerdos o condiciones relevantes para el futuro del predio que no hayan sido informados a la población.
Una fotografía no prueba un pacto; el silencio tampoco genera confianza
La discusión de fondo va más allá de una imagen.
El Ayuntamiento ha convertido la resolución del predio de San Juan en una bandera ambiental de su administración. Por esa misma razón, debe estar dispuesto a someter el proceso completo al escrutinio público.
¿Quién solicitó las reuniones? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Qué se negoció? ¿Existe algún acuerdo con los propietarios? ¿La protección es jurídicamente permanente? ¿Puede una futura administración modificar nuevamente el uso de suelo? ¿Existe todavía algún proyecto residencial relacionado con el terreno?
Son preguntas que merecen respuestas documentadas.
Si no existe ningún acuerdo oculto y el terreno verdaderamente quedó protegido, transparentar el expediente completo fortalecería la versión del gobierno.
Si, por el contrario, existe la posibilidad de que el proyecto simplemente esté esperando mejores condiciones políticas para regresar, entonces la ciudadanía también tiene derecho a saberlo.
Por ahora, no existen elementos suficientes para afirmar que el anuncio del Ayuntamiento sea una mentira, pero tampoco debería pedírsele a la población que se conforme únicamente con discursos y fotografías de una votación.
Cuando se habla del agua, del territorio y del patrimonio natural de Tequisquiapan, la confianza no se construye con frases.
Se construye con documentos, transparencia y garantías que sobrevivan a cualquier administración municipal.
