**TEQUISQUIAPAN, QRO.** — La inconformidad entre automovilistas y habitantes de Tequisquiapan continúa creciendo debido a las constantes quejas por la actuación de la empresa **Grúas San Fernando**, señalada por ciudadanos de aplicar cobros excesivos y trasladar vehículos a corralones ubicados fuera del municipio, lo que incrementa considerablemente los costos que deben cubrir los afectados.
Lo que en teoría debería representar un servicio de apoyo en incidentes viales, para muchos ciudadanos se ha convertido en un sistema que, aseguran, termina castigando económicamente a quienes ya enfrentan las consecuencias de un accidente. Las denuncias apuntan a que los vehículos son enviados a patios localizados en otros municipios, presuntamente en la zona de Colón, generando cargos adicionales por concepto de arrastre, kilometraje, resguardo y maniobras.
Automovilistas afectados sostienen que las cantidades exigidas para recuperar sus unidades resultan desproporcionadas y, en algunos casos, superan ampliamente los costos que consideran razonables para este tipo de servicios. La situación ha provocado molestia e incertidumbre, especialmente entre familias que dependen de su vehículo para trabajar o trasladarse diariamente.
La polémica también ha alcanzado el ámbito político y social, donde diversas voces cuestionan por qué una empresa foránea mantiene una presencia constante en los operativos realizados dentro de Tequisquiapan, mientras prestadores de servicios locales quedan fuera de estas intervenciones.
A esta controversia se suma otro punto que ha generado dudas entre la población: **hasta el momento no existe información pública ampliamente conocida que permita identificar con claridad quién es el propietario o los propietarios de Grúas San Fernando**, ni cuál es la relación jurídica o comercial que mantiene con el Ayuntamiento para prestar este servicio. Esta falta de transparencia ha dado pie a cuestionamientos y especulaciones que, consideran ciudadanos, podrían evitarse si las autoridades hicieran públicos los convenios, autorizaciones o contratos correspondientes.
Hasta ahora, el Gobierno Municipal tampoco ha explicado bajo qué criterios se determinó la participación de esta empresa, si existe una concesión, contrato o convenio vigente, cuál fue el procedimiento para su selección y qué mecanismos de supervisión existen para garantizar que los cobros se apeguen a la normatividad aplicable.
La ausencia de información oficial ha alimentado el descontento ciudadano y abierto interrogantes sobre la transparencia en la prestación de este servicio. Habitantes consideran que el Ayuntamiento tiene la obligación de informar con claridad bajo qué condiciones opera la empresa, quiénes son los responsables de la misma y qué garantías existen para evitar posibles afectaciones económicas a la población.
Mientras las quejas continúan acumulándose, crece el llamado para que las autoridades municipales revisen el esquema de operación de las grúas, transparenten los acuerdos existentes y garanticen que ningún ciudadano tenga que enfrentar cobros indebidos o desproporcionados al momento de recuperar su patrimonio.
Porque la exigencia de la ciudadanía es clara: **la seguridad vial no puede convertirse en un negocio, y la aplicación de la ley debe ir acompañada de transparencia, legalidad y respeto al patrimonio de las familias tequisquiapenses.
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